La Política Agrícola Común, por todos conocida como PAC, cumple 60 años en 2022. Desde que en 1962 comenzó para apoyar a los agricultores a mejorar la productividad agrícola y asegurar un suministro estable, seguro y asequible de alimentos a los ciudadanos de la Unión Europea, este sistema de ordenación de la agricultura europea ha cambiado en numerosas ocasiones. La última de ellas será el próximo 1 de enero de 2023, cuando entrará en vigor la nueva normativa que estará vigente hasta 2027.
Antes de repasar cuáles serán las principales novedades que se incluyan en la nueva PAC, no está de más hacer un repaso de los 60 años de vida de este conjunto de leyes. Como ya se ha comentado, surge para ayudar a los agricultores a mejorar su productividad y asegurar el suministro de alimentos. Pero también para garantizar un nivel de vida razonable a los agricultores, contribuir a la lucha contra el cambio climático, conservar los paisajes y zonas rurales de la UE y mantener viva la economía rural.
La PAC es una política común para todos los países de la UE. Se gestiona y financia a escala europea mediante los recursos del presupuesto de la UE.
En la UE hay 10 millones de explotaciones agrícolas y 22 millones de personas que trabajan habitualmente en el sector. Nos ofrecen una impresionante variedad de productos abundantes, asequibles, seguros y de calidad. Además, la UE es conocida en todo el mundo por sus tradiciones alimenticias y culinarias y es uno de los principales productores y exportadores netos mundiales de productos agroalimentarios. Debido a sus excepcionales recursos agrícolas, la UE puede y debe desempeñar un papel clave a la hora de garantizar la seguridad alimentaria de todo el planeta.
A través de la PAC los agricultores reciben una ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente. También dispone de medidas de mercado para abordar situaciones de crisis, como desplomes de precios o de demanda de productos. La PAC incluye igualmente medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales o regionales para atender a las necesidades específicas de las zonas rurales.
La Unión Europea dedica a la política agraria un presupuesto que en 2019 alcanzó los 57.980 millones de euros, representando el 35,9% del total del presupuesto comunitario. De este presupuesto, el 71,5% se destina a ayudas directas a los agricultores, a través del denominado Primer Pilar de la PAC, y el 24,3% se destina a programas de desarrollo rural a través del Segundo Pilar. El resto, un 4,2%, se destina a medidas de mercado.
Con el objetivo de afianzar la política europea en torno a la agricultura, la PAC ha ido evolucionando a lo largo de los años para dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos. En junio de 2018 la Comisión Europea presentó propuestas legislativas para una nueva PAC que esbozaban una política más sencilla y eficiente que incorporase soluciones sostenibles dentro del Pacto Verde Europeo. Tras extensas negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, se alcanzó un acuerdo sobre la reforma de la PAC y la nueva PAC se adoptó formalmente el 2 de diciembre de 2021.
La Comisión Europea aprobaba el 31 de agosto el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 presentado por España, el último escollo previo a una legislación que, ya sí, entrará de manera definitiva en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Según este plan, los agricultores y ganaderos españoles van a contar con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61% irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23% al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14% a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2% para el pago complementario a jóvenes.
Entre las principales novedades del plan, el sector contará a partir de 2023 con el nuevo pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional.
Además, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural, que irán destinados a impulsar la primera instalación. Otra de las grandes novedades reside en que las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.
Junto con las ayudas directas, el plan incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto público total para las medidas de desarrollo rural.
En la nueva PAC se establece una ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que se basa en un sistema de los derechos de 2022, con importes diferentes por regiones, pero en proceso de convergencia; una ayuda complementaria a la renta redistributiva, para las primeras hectáreas de cada agricultor; y un pago complementario a jóvenes. Se mantienen las ayudas acopladas a determinados sectores ganaderos y cultivos.
Uno de los principales cambios de la nueva PAC viene dado por la obligación de cumplir ciertas condiciones medioambientales para poder acceder a las ayudas, frente a la opcionalidad de las medidas de greening de la anterior PAC. Estas medidas denominadas de condicionalidad reforzada están compuestas por las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) y los requisitos legales de gestión.
Entre estas BCAM destacan el mantenimiento de los pastos permanentes (5%), la protección de humedales y turberas, la prohibición de la quema de rastrojos, las franjas de protección de 3 metros sin fertilizantes ni fitosanitarios, la restricción de la labranza en pendientes de más del 10%, la cobertura mínima de suelo, la rotación y diversificación de cultivos, y la protección de las superficies de interés ecológico, tanto de los elementos no productivos (4% barbechos, 7% cultivos fijadores de nitrógeno, elementos del paisaje, etc.), como la prohibición de convertir pastos de zonas medioambientalmente sensibles.
Además de estas obligaciones para el agricultor, un porcentaje de los fondos del primer pilar van a seguir destinándose a promover la realización de prácticas medioambientales, puesto que los Estados miembros tienen que dedicar un porcentaje de todas las ayudas directas a financiar los ecoesquemas o ecorregímenes. Los ecoesquemas son obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para el agricultor y ganadero.
Desde el Ministerio de Agricultura se señala que, teniendo en cuenta la diversidad de la agricultura y la ganadería de nuestro país, la aplicación de los ecoesquemas supone unos retos entre los que se encuentran que todos los productores tengan al menos una práctica que puedan aplicar en su explotación, que sean prácticas no demasiado complejas, que supongan un compromiso anual y que éstas tengan una repercusión medioambiental, entre otros aspectos. También suponen unas oportunidades, entre las que se puede destacar la remuneración a los productores por los compromisos ambientales, avanzar hacia modelos de producción más sostenibles y mejorar la percepción que la sociedad tiene de la agricultura.
En el Plan estratégico de la PAC se contemplan dos grupos de ecoesquemas en función de sus objetivos generales:
Aún están por definir muchos de los aspectos legales sobre la aplicación de estas prácticas y cómo repercutirán en los pagos a los agricultores y ganaderos. A pesar de que falta menos de un mes para la entrada en vigor de la nueva PAC, muchas de estas prácticas medioambientales no están aún bien estipuladas. Por este motivo existe una gran incertidumbre entre los agricultores y ganaderos que han tenido que planificar la próxima campaña sin tener un conocimiento exacto de las medidas que tienen que adoptar. Aconsejamos informarse puntualmente en cada Comunidad Autónoma para conocer al detalle cuáles son las prácticas agrícolas que serán reconocidas dentro de los ecoesquemas o ecoregímenes.
Cumplir con los requisitos de la nueva agricultura exigida por Europa en cuanto a la consecución de los objetivos medioambientales es más fácil con la tecnología y equipamiento de los tractores Landini. Todos los modelos de la marca cuentan con motores adaptados a las últimas exigencias medioambientales en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Mención especial, merece el proyecto REX4 Full Hybrid, el tractor especialista eléctrico que ha sido premiado por tercera vez consecutiva como Novedad Técnica de la EIMA 2022.
Los tractores Landini están dotados de la tecnología más a la vanguardia en cuanto a guiado y telemetría, de manera que es posible documentar las tareas realizadas en el campo. Realizar con precisión labores como el abonado o la pulverización también están en línea con las exigencias de la nueva PAC, y por ello los tractores y equipos Landini cuentan con el equipamiento más tecnológico para poder trabajar con la maquinaria 4.0.
Con las nuevas exigencias de la PAC también es cada vez más importante, ser capaces de adaptarse a condiciones cambiantes, con ventanas cada vez más pequeñas a la hora de llevar a cabo los trabajos en el campo. Por este motivo, contar con tractores que se adaptan a todas las condiciones de trabajo, son fiables y capaces de realizar las labores más variadas.
Por tanto, Landini es el complemento perfecto para adaptarse a los nuevos tiempos que vienen marcados desde Europa y que exigen a los agricultores sacar lo mejor de sí mismos, produciendo más y de forma más respetuosa con el entorno y el medio ambiente.